Más medidas para la lucha contra el narcotráfico. Sigue latente la ratificación de acuerdos de seguridad con EE.UU.

Liberprensa. 13/2/2024

En plena campaña electoral, el presidente Noboa dijo en Ecuavisa que tenía un objetivo claro: “reducir a la mitad de muertes violentas en el primer año y reducirlo a casi cero después de 18 meses”.

 La dolorosa cifra que vió antes de asumir son los homicidios cada 100.000 habitantes, que llegó al pico de 42,8 en 2023. Reducirlo será un desafío y de lograrlo será una victoria política.

Ecuador no está exento de las actividades ilícitas del crimen organizado que en el último tiempo han proliferado en la región. Según la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, la producción de cocaína en Colombia y Perú ha aumentado en estos últimos años.

Fuente: UNODC; Elaboración propia

Un dato relevante: según estimaciones de la Asamblea Nacional Ecuatoriana, el 75% de la cocaína colombiana en 2021 se exportó a Ecuador, siendo el Puerto de Guayaquil la principal ruta (52%) seguida por el Puerto de Manta (32%), localidades donde no se ha “relajado” el toque de queda. Además de la cocaína, las actividades ilícitas han llegado a la depredación de recursos naturales hasta la violencia política como el asesinato del fiscal César Suárez y candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Los Acuerdos Latentes con Estados Unidos

La política antidrogas de Estados Unidos no se limita a sus fronteras en América. El Acuerdo Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas, Acuerdo de Asistencia en Interceptación Aérea y el Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas Armadas esperan la ratificación de Noboa, sobre todo el primero de ellos, para el cual la Justicia recientemente dictó que no debe pasar por la Legislatura y que el Presidente en X celebró.

El Acuerdo Relativo a Operaciones Marítimas Transnacionales Ilícitas y Asistencia en Interceptación Aérea tiene como objetivo detener las actividades ilícitas marítimas hasta la zona económica exclusiva e interceptarlas vía aérea. A su vez, permite que la Guardia Costera de EE.UU y su Fuerza Aérea participen de las operaciones en territorio ecuatoriano (con autorización expresa del Gob. de Ecuador) habilitandolos al uso de la fuerza para defenderse y disuadir aquellos vehículos sospechosos de crímenes transnacionales. Esta asistencia toma importancia para poder terminar con el flujo de la droga colombiana que hace escala en México y finaliza en EE.UU.

Dichos acuerdos tienen similitudes con el Acuerdo “ABD” de Estados Unidos y Colombia sancionado en 2008 en pleno conflicto interno con la FARC, en donde se acordó la asistencia de EE.UU. para la intercepción aérea de “narcoaviones” y vigilancia aérea sobre el tráfico en la costa colombiana. Anteriormente, en 1999, Ecuador acordó el asentamiento de una base militar estadounidense en Manta, pero esta opción se vio descartada ya que la Constitución (desde 2008) expresamente lo prohíbe.

El Acuerdo Relativo al Estatuto de Las Fuerzas Armadas se complementa con los anteriores, ya que posee dentro de sus objetivos hacer frente a “retos de seguridad compartidos”. Este acuerdo aplica a las Fuerzas Armadas. y  Departamento de Estado de EE.UU. 

Más medidas contra el narcotráfico

El Presidente ha presentado dos proyectos de ley para contar con mayor recaudación. El proyecto del aumento del IVA al 15% para financiar a las fuerzas de seguridad, los servicios de salud y sociales y la deuda con los Gobiernos Locales no fue aprobado en la Asamblea por su impacto regresivo. Por el contrario, sí se aprobó la creación del impuesto a las utilidades de los bancos y cooperativas, el impuesto sobre utilidades de las grandes empresas  y un aumento al impuesto a la salida de divisas. Noboa redobló la apuesta objetando el proyecto, proponiendo aumentar 13% al IVA y con posibilidades de subirlo al 15%. Por otro lado, se sancionó la ley de monetización de activos ilícitos, que permite a la Justicia confiscar bienes con origen en el crimen organizado a favor del estado sin sentencia penal.

Diferentes partidos políticos proponen en la Asamblea penas más duras para los delitos que incurre el crimen organizado, en los cuales se incluye el partido del gobierno, Alianza Democrática Nacional (ADN). Sin embargo, el Poder Ejecutivo prefirió una estrategia que ejerce presión a la Asamblea: realizar dos consultas populares.

La primera son medidas de lucha contra el narcotráfico. Suba de penas de delitos relacionados, penas totalmente privativas de la libertad, control permanente de las FF.AA. en las áreas adyacentes a las cárceles, hacer delito la posesión de armas de características militares y policiales y usar activamente los bienes confiscados del narcotráfico. Nota en el aumento de penas, que de ser aprobado el Poder Ejecutivo decidirá cuánto se aumentará.

La segunda consulta tiene una agenda diversa, con proyectos como crear tribunales específicos de garantías constitucionales, poder extraditar ecuatorianos, proteger inversores extranjeros con arbitraje internacional y prohibir la precarización laboral. 

El Ejecutivo decidió hacer estas probablemente por la presunción de ser bien recibidas en la ciudadanía (sobre todo la primera). Lo que queda claro es que el aumento del IVA no entró en este paquete, por el riesgo político que implica consultar si la población quiere una suba de impuestos (más allá del fin).

La lucha contra el narcotráfico, para el Gobierno, no hay que hacerla descuidando las cuentas fiscales. Ecuador cerró 2023 con déficit fiscal y el gasto público subirá este año. Tal es así que el Gobierno al insistir con el aumento del IVA evidencia que la suba de impuestos actual no le es suficiente. Para esto tendrá que, o negociar con las otras fuerzas políticas ya que de 132 posibles sólo tiene 14 legisladores y la oposición correista 52, o deberá endeudarse más, cuestión que busca evitar dado que la deuda pública total, según el diario Primicias, ronda en 62% en relación al PBI y su riesgo país está alto.

La circunstancia favorece la ratificación de los tratados con EE.UU. pudiendo aprovechar su aparato de seguridad y apuntar a un mejor vínculo en caso de renegociar la deuda con el FMI, aunque la oposición, en caso de no mejorar la situación de seguridad, lo utilice como caballito de batalla. Es oportuno para Estados Unidos realizar esta alianza ahora, por la posición ideológica afín del Gobierno y su objetivo de parar el tráfico ilícito en los países donde nace el problema.

 El Gobierno no quiere ceder en sus proyectos y utiliza todas las herramientas disponibles institucionalmente para no negociar con opositores.