La posible salida de Argentina del Acuerdo de París no solo tendría consecuencias ambientales, sino que también podría poner en riesgo un acuerdo estratégico promovido por varios gobiernos argentinos desde hace años: el Acuerdo Comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El apartado de compromisos ambientales de dicho acuerdo, renovado con la adopción del Tratado, estipula que el Acuerdo de París es un elemento fundamental del mismo. Además, establece que, en caso de incumplimiento de obligaciones fundamentales, como salirse del Acuerdo de París, se podrán aplicar “medidas apropiadas”, entre las cuales la más extrema es la suspensión del acuerdo en su totalidad o en parte. 

Esta cláusula fue diseñada principalmente desde la perspectiva de la Unión Europea, ya que especifica que, en caso de aplicarse una suspensión, esta puede dirigirse exclusivamente al estado miembro infractor del Mercosur, sin afectar necesariamente al bloque en su conjunto.

Aunque un acuerdo no ratificado no puede suspenderse, la decisión de Argentina de abandonar el Acuerdo de París enviaría un mensaje contundente a la Unión Europea y a sus estados miembros, quienes aún deben ratificar el Tratado, del compromiso medioambiental argentino. 

Cabe destacar que el Acuerdo Mercosur- UE está estructurado en dos tratados: uno exclusivamente comercial y otro más amplio, que incluye disposiciones sobre medioambiente, derechos laborales y diálogo político (entre otras cuestiones). En principio, el impacto de un eventual retiro de Argentina del Acuerdo de París afectaría directamente solo al segundo Tratado. Sin embargo, en la práctica, podría influir en el proceso de ratificación del acuerdo comercial más restrictivo, ya que los compromisos ambientales han sido un factor clave en las negociaciones de los acuerdos. Dando más motivos a Estados reticentes de las cláusulas ambientales pactadas, como Francia y Polonia,  para buscar consolidar una minoría de bloqueo.

Esta separación en dos tratados responde a una estrategia jurídica y política basada en las competencias y el procedimiento legislativo de la Unión Europea. Mientras que el Acuerdo exclusivamente comercial debe ser aprobado por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, el Acuerdo más amplio requiere, además, la ratificación de todos los Estados Miembros.