El apoyo militar de Ruanda al grupo rebelde M23 en sus operaciones en la República Democrática del Congo (RDC) tensa las relaciones entre la Unión Europea (UE)  y el gobierno de Kigali. Esta situación ha generado un creciente debate sobre la posibilidad de que la UE imponga sanciones a funcionarios ruandeses.

Durante la última sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en el este de la RDC el Representante de la UE ante las Naciones Unidas, Michele Cervone d’Urso, fijó una posición clara respecto al papel de Ruanda en el conflicto y las expectativas europeas sobre su política exterior.

Cervone d’Urso declaró: “La Unión Europea condena de la forma más firme posible la ofensiva del M23, apoyado por el ejército ruandés.” Además, enfatizó: “Condenamos la presencia militar de Ruanda en RDC como violación del derecho internacional…” Finalmente, instó a Ruanda a rectificar su postura: “Pedimos al Gobierno Ruandés que respete la integridad territorial de la RDC, retirando inmediatamente a todas las tropas del territorio RDC y acabando cualquier forma de apoyo al M23 y otros grupos no estatales.”

Estas declaraciones, sumadas a la preocupación de la UE por las graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad atribuidos al M23, han impulsado una solución diplomática del conflicto. En particular, Bruselas insiste en la necesidad de reanudar las negociaciones y fortalecer los procesos de mediación de Luanda y Nairobi, así como apoyar la iniciativa congoleña de una Misión de Investigación sobre los hechos en el este de RDC en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El 11 de febrero la Comisionada para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, en nombre de la Alta Representante de la UE en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, intervino en el Parlamento Europeo para reafirmar que los actuales esfuerzos diplomáticos de la UE se centran en alcanzar acuerdos humanitarios y reforzar la asistencia a las poblaciones afectadas mediante el programa “Grandes Lagos”.

No obstante, ante el agotamiento progresivo de las herramientas diplomáticas constructivas y el hecho de que el argumento de seguridad nacional esgrimido por Ruanda no justifica, para la Unión, sus acciones en la RDC, la Comisión Europea está considerando la imposición de medidas restrictivas contra funcionarios ruandeses. Šuica advirtió: “La Unión Europea sigue de cerca el conflicto en la República Democrática del Congo y puede, en cualquier momento, ampliar la lista de personas y entidades sujetas a sus medidas, siempre que, por supuesto, todos los Estados miembros estén de acuerdo.”

Actualmente, la UE mantiene sanciones alineadas con las impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, que incluyen embargos de armas, congelación de activos y prohibición de viaje para individuos y actores no estatales involucrados directamente en el conflicto regional. Entre los sancionados más importantes figuran individuos del M23, de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) y las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC). Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de su implicación en el conflicto, la FARDC no está incluida en el embargo de armas, ya que este se dirige principalmente a actores no estatales y grupos armados extranjeros.

Actualmente, la lista de la UE es más amplia que la del Consejo de Seguridad, ya que incluye a más individuos pertenecientes a actores no estatales opositores al gobierno de RDC involucrados en el conflicto y a dos altos funcionarios del ejército ruandés, algo que aún no ha sido adoptado por la ONU a pesar de poseer la facultad.

Entre las razones esgrimidas para sancionar a estos dos funcionarios encontramos su apoyo al M23, su contribución a la inestabilidad e inseguridad en la RDC y su complicidad en los abusos contra los derechos humanos cometidos por el grupo insurgente. Razones legítimas para medidas restrictivas y que pueden ser aplicadas a otros individuos en el futuro.

Si la UE decide ampliar su lista de sancionados, se convertirá en uno de los pocos actores occidentales que imponen sanciones directas contra Ruanda a una escala mayor. Esta medida representaría un giro en la política europea hacia Kigali y podría profundizar las tensiones diplomáticas. No obstante, la imposición de sanciones dependerá de la capacidad de la UE para lograr unanimidad en el Consejo, de la ineficacia de los medios diplomáticos más constructivos y el análisis de factibilidad de la Comisión y Consejo.